El INE y su circunstancia

El todavía reciente “affaire” vivido por y en el Instituto Nacional Electoral, resulta la muestra más palpable de las dificultades que se enfrentan en la discutidísima arena política en que irremediablemente se han convertido las leyes “generales” y las instituciones “nacionales” en materia electoral. En efecto, a la desarticulada legislación electoral compuesta hasta ahora de 22 ordenamientos de todo tipo -5 leyes, 11 reglamentos, 3 acuerdos, 2 estatutos y 1 código- se le debe sumar un desarticulado instituto, exhibiéndose en el conjunto las fracturas internas de orden partidario-legislativo que no pudieron resolverse en el “momento” legislativo de la toma de decisiones congresionales, y que por supuesto iban a aflorar más temprano que tarde, como ya sucedió. En efecto, siete de diez de los partidos políticos nacionales con asiento en el consejo general del INE, abandonaron el miércoles18 de febrero pasado, con motivo de la discusión del uso de programas sociales y recursos públicos “con fines electorales” y, también, de la emisión de normas reglamentarias sobre “imparcialidad en el uso de recursos públicos”. Una mayoría de seis consejeros con derecho a voz y voto, de un total de nueve, se pronunciaron por posponer la discusión de los acuerdos relativos que se habían redactado para ser aprobados en esa sesión. Los representantes de los partidos inconformes, que sólo tienen derecho a voz pero no a voto, al abandonar la sesión anunciaron que llevarían su reclamo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando deterioro institucional, falta de independencia y ausencia de imparcialidad de la autoridad electoral. Todo parece indicar que el diseño institucional y el método para la elección de sus integrantes se ha agotado, porque, esencialmente, es el mismo ahora y antes, sea IFE o sea INE. Las acusaciones y reclamos se encaminan hacia la circunstancia de que los consejeros con voz y voto fueron elegidos por un sistema parlamentario de distribución de cuotas. Este tipo de cometarios en voz de representantes de partidos, que se funda en apreciaciones políticas sobre los mencionados consejeros electorales –pero no en elementos probatorios que lo confirmen–, prueba el desgaste a que se puede ver sometida una institución como el INE, árbitro de las elecciones federales y locales, y el daño que le resulta cuando la falta de acuerdo provoca que los partidos políticos nacionales recurran a la expresión política y mediática de sus inconformidades, con la posibilidad de judicializar las diferencias. Es incuestionable que, desde ahora, se avizora en el futuro inmediato –entiéndase, después de esta elección del 2015 o la del 2018– una nueva reforma política electoral, que reconduzca la legislación nacional, general o federal aplicable bajo una lógica de codificación normativa que resuelva la atomización que actualmente padece; al tiempo que se formulen mecanismos que garanticen la independencia e imparcialidad de los hombres y mujeres que integren el órgano superior de gobierno, que son los dos elementos que dan contenido a la “institucionalidad de sus actores”. El INE es, hoy día un automóvil de mayor carrocería exterior y amplitud de interiores, pero sigue teniendo el mismo motor que el modelo anterior y, por tanto, le falta lo que los ingenieros automotrices llaman “caballaje”. Necesitamos ponernos de acuerdo ¿No?