Agotado el periodo de
precampaña para determinar las postulaciones de los candidatos a los cargos de
elección popular federales, así como los locales y municipales donde
corresponda, inician las campañas francas en búsqueda del voto de los
ciudadanos. En este punto, lo tradicional está formado por las candidaturas de
los partidos políticos, en tanto que lo novedoso son las candidaturas
independientes. A su vez, la “bolsa” de responsabilidades u obligaciones
electorales está formada por: los sujetos, que son realmente la propia
institución electoral (INE), los institutos políticos (10 partidos nacionales)
y los candidatos (de partido o independientes); los elementos instrumentales, característicamente
el financiamiento público (5,356 millones de pesos, de los cuales 23.5 millones
se destinan a los candidatos independientes) para actividades ordinarias, gasto
de campañas, actividades de educación cívica e investigación, franquicias
postales y franquicias telegráficas; una legislación electoral atomizada e
imprecisa, que ahora tenemos que llamar “nacional”; así como por acciones de
difusión colectiva de spots y mensajes con contenidos de propaganda partidaria,
y una combinación de “antiguos” y “noveles” funcionarios electorales que en no
pocas ocasiones acusan falta de oficio, desconcierto o, de plano, desacierto. Mucho
se ha dicho que el proceso electoral de este año será una prueba de fuego para
el INE y la legislación electoral, sobre lo cual no hay duda; en tanto que la
obtención de los cargos de elección popular, según las siglas partidarias de
que se trate, pasará por el tamiz de la lectura que la ciudadanía tenga de las
expectativas y oferta política que reciba, y por el conocido comportamiento de
la abstención que, en términos relativos, se incrementa cuando se trata de
elecciones “intermedias”, es decir, cuando no se elige al presidente de la
República y sólo a los legisladores federales. Por su parte, el ensayo de las
candidaturas independientes se advierte en evidente desproporción, de “funestas”
consecuencias para este tipo de candidatos, acorde con el antiguo/nuevo adagio internacional
de que “las elecciones se ganan con recursos”. Son 2,159 cargos de elección
popular los que estarán en juego a mediados de este año y todo parece indicar
que tendremos unas elecciones con un mayor número de encuestas, mayor número de
observadores electorales y, naturalmente, un padrón electoral más amplio de más
de 80 millones de personas, en las que predominan las mujeres con un diferencial
de 2.5 millones arriba de los hombres; lo que permite comentar que, en esta
elección, por primera vez las candidaturas se sujetarán a la igualdad de
hombres y mujeres en la postulación a los cargos de elección popular, en
reconocimiento a variables demográficas, histórico-sociales, culturales y
económicas. Pero, además, las elecciones de este 2015 constituyen el
“banderazo” para la puesta en práctica de la reelección de los cargos de diputados
(federales y locales) y senadores, porque quienes sean electos y triunfen en
este proceso electoral, podrán a aspirar a reelegirse para el trienio o sexenio
que empiece en 2018, una vez que el casi mítico principio de “no reelección”
–que caracterizó toda una época política en nuestro país– fue sustituido por el
de reelección relativa o limitada. No se ve fácil este año. ¿Eh?
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