Sobre todo con Popper adquirió
mayor difusión el concepto de “sociedad abierta”, que conlleva o supone que la
relación entre gobernantes y gobernados se da bajo nexos que se alejan de la
verticalidad autoritaria, y se acercan más a una horizontalidad caracterizada por
elementos de tolerancia, ausencia de violencia y organización política de la
sociedad, donde se acude a la democracia como sistema y método de
representación y ejercicio del poder, con respeto a los derechos humanos de las
personas que participan de manera activa o pasiva en la renovación periódica de
las instituciones públicas. Y, en consecuencia, por públicas deben tenerse las
acciones y el quehacer gubernamental que, fundado en estas características de
la sociedad abierta, se ponen en práctica con miras al bienestar general,
entendido éste como el goce o disfrute de los satisfactores básicos para la
vida y la convivencia humanas, en forma pacífica y colaborativa.
Dado que, como definición o
declaración de principios, al hablar de sociedad abierta se configura también,
de alguna manera, la construcción de un tipo ideal, se ha concebido como método
para introducir objetividad en la idealidad creada, la existencia de las
políticas públicas como instrumento de planeación y puesta en marcha de los
planes y programas de la administración pública, de cualquier sistema o régimen
de gobierno, que se sujetan no sólo al control social correctivo y directo de
parte de la población administrada, sino también a un diseño de prioridades y
alternativas basadas en indicadores sociales, con el fin de producir en el
administrador el conocimiento objetivo suficiente que proviene de la realidad
social, necesario para gobernar “mediante instrumentos”. Las bases de datos, índices
y tasas, que suponen recopilación de información, tratamiento, ordenación y construcción
de indicadores, así como su interpretación para dimensionar diversas aristas de
la problemática social, constituyen entonces, en forma secuenciada, la materia
prima, maquila y aplicación de diseños metodológicamente preconcebidos sobre
políticas públicas específicas, por ejemplo, en materia de salud o en materia
educativa, como forma y fondo de estrategias de administración pública pensadas
para la sociedad y, por tanto, para los grupos sociales de mayor
vulnerabilidad, conforme a criterios de igualdad y equidad colectivas.
Las políticas públicas fundadas
en indicadores se convierten, entonces, en herramientas de gobernabilidad y de
gobernanza, cuyo principal reto se centra en el tamaño de la cobertura de
atención a la demanda de servicios públicos, pero también de satisfacción de
prioridades sociales, como el empleo o la vivienda; es decir, la asistencia y
la seguridad sociales tienen fundamentalmente el sentido de “recepción” de
servicios estatales, mientras que en el otro extremo estamos ante el
aprovisionamiento u “oferta” de las condiciones suficientes para que la
población contribuya al desarrollo mediante el despliegue de su fuerza
productiva, para la creación de riqueza social. Políticas públicas e
indiciadores son, así, elementos de inversión socioeconómica y de rentabilidad
social para que los recursos colectivos que administra el Estado, se direccionen
de manera objetiva en respuesta a las necesidades del desarrollo humano,
concebido en su más amplio sentido. ¿Cuándo?
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