En toda fuga de un penal de inmediato se disparan
hipótesis de corrupción, contubernio y complicidad, y las menos son de
displicencia, negligencia o incapacidad. Totalmente entendibles, si se
considera que, en particular, ciertos centros penitenciarios como aquellos de
los que se ha evadido el chapo Guzmán –desde Puente Grande hasta el Altiplano–,
tienen una organización interna y mecanismos de seguridad extremadamente
rigurosos. Por eso el ciudadano medio se pregunta y especula sobre si estas son
las cárceles más confiables ¿cómo se escapa alguien a no ser por alguna de las
hipótesis mencionadas? En efecto, diversos comunicadores de prensa, radio y
televisión, han utilizado las palabras de “agravio” e “insulto” para referirse
al sentimiento colectivo que consideran ha sufrido la ciudadanía, por los muy
reprobables y criticables hechos ocurridos, parte de los cuales se aprecian en
la videograbación proporcionada por las autoridades y reproducida en dicho
medios.
Por supuesto, la lectura pública y el juicio que se
forma el ciudadano medio respecto de la efectividad de las autoridades involucradas,
de arriba a abajo y viceversa, es totalmente lapidaria. A eso se deben los
primeros ceses fulminantes, a la par de las peticiones de cabezas de altos
funcionarios. Todo ocurrió en ausencia del Presidente de la República, quien se
encuentra en visita oficial a Francia. El punto es que no se debe pensar que simplemente
el impacto de la noticia se pueda acallar con el despido de más funcionarios,
así sean de la mayor jerarquía; lo único cierto es que la fuga, como hecho, es
el evento disparador de un durísimo enjuiciamiento político sobre la actuación
gubernamental, cuya aceptación se ha desplomado dramáticamente. Porque no hay
explicación lógica fundada en un accidente humano o contingencia natural que pueda
ser admisible para la opinión popular.
A eso se debe, también, que se le hayan ido encima,
literalmente, a la cabeza visible del ministerio de gobernación, todas las
críticas de todos los tonos y de todos los colores, apuntando que sus días
estarían contados. No puede culparse al titular de una dependencia,
estrictamente, por los tramos de responsabilidad y el trabajo propio que cada
quien debe desempeñar en un área de gobierno. Generalmente, se da un efecto
acumulativo previo que explica, al menos en parte, consecuencias como las que
se comentan. Sencillamente, el gobierno federal, con apoyo del Congreso,
decidió modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
fusionar, en una sola “superdependencia”, lo que antes eran dos que estaban
separadas: Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad Pública, la
primera responsable de la gobernabilidad y de la gobernanza, y la segunda de la
acción preventiva de la policía y del cumplimiento de las medidas de seguridad
penitenciaria. Cuando se fusionan amplias áreas de gobierno, las
responsabilidades se incrementan enormemente y aumenta el riesgo político y
administrativo por los yerros que se puedan cometer, los cuales siempre tienen
consecuencias irreversibles, porque sea quien sea, siempre echarán a uno o
varios a quienes se les impute la responsabilidad, al margen del manejo
directo, indirecto, primario o secundario que corresponda. Tarde o temprano ¿O
no?
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