En nuestra entrega anterior supimos que, al final de su vida, don Edmundo
O`Gorman miraba con humor y escepticismo la facilidad con que tantos en la
prensa escribían asegurando que lo que en México hacía falta era decisión para
pasar a un régimen democrático y establecer elecciones libres, y escribimos que
lo veía necesario, aunque muy difícil en su tiempo. Nos recuerda Aguilar Camín
que don Edmundo añadió lo siguiente a su anterior opinión: “Se preguntaba de
qué país estábamos hablando. Palabras más o menos, lo escucho decir: -Ojalá
fuera tan fácil como que una generación diga con la cabeza: seamos
democráticos. La historia de nuestras costumbres dirá otra cosa- …En la
impaciencia con que las clases ilustradas veían la realidad política del país
él encontraba similitudes con la impaciencia de los liberales del siglo XIX
estrellándose con las supervivencias antiliberales novohispanas. Hoy, como hace
dos siglos, México le parecía menos impaciente y menos ilustrado que sus élites”.
En efecto, sin llegar a sostener que era imposible un cambio democrático en
México, O´Gorman simplemente apuntaba la conveniencia de leer un poco de
historia, para entender de dónde venimos y saber qué somos. La meritoria y
excepcional actitud historiográfica aludida, se orienta a respaldar la idea de
método de que los estudios u opiniones jurídicas, históricas y político-sociales,
tienen necesidad de interrelacionarse, de ser mutuamente incluyentes, con la prioridad
mesurada que proviene del examen interdisciplinario, en beneficio de la vida
nacional y regional, para evitar que una u otra se traten o incorporen,
simplemente, como la segunda parte de una relación causa-efecto; es decir, que los
fenómenos jurídico y político no son simple consecuencia de un hecho histórico
verdadero, sino parte fundamental para explicar un verdadero conjunto de hechos
históricos de indiscutible impacto en la vida democrática de nuestro país. Indudablemente,
los estudios de ciencia política o de constitucionalismo jurídico requieren de
orientación histórica sólida. A la falta de esta cualidad debe atribuirse la
existencia de trabajos que, en materia de derecho nacional o de política
democrática, muchas publicaciones carezcan del rigor histórico metodológico
asequible al objeto de estudio, porque en estos campos predomina la idea –aunque
no en forma absoluta– de que lo importante es la normativa en sí misma
considerada como construcción técnico jurídica, o la democracia entendida como
la vulgar importación de esquemas ajenos a nuestra realidad, y donde el vector
histórico se aprecia como un elemento cronológico y situacional secundario. La
data histórica muestra que la relación entre los hechos sociales, la producción
normativa y la praxis política es esencialmente dialéctica; que necesariamente
hay tesis y antítesis que permiten síntesis esenciales para nuestra comprensión,
porque cada vez que un pueblo necesita tomar decisiones fundamentales para
resolver los problemas públicos que le abruman o los conflictos sociales que le
desesperan, puede interrogar sus orígenes y dialogar con su pasado, para estar en el presente a plenitud y pensarse en el futuro con
un compromiso social. No lo dudemos: conocer nuestra identidad histórica nos da
mucho para construir las normas jurídicas que siguen y
proyectar la convivencia sociopolítica que queremos. ¿O no?
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