La Reforma Financiera

Si atendemos a las enseñanzas de Don Ernesto Flores Zavala y otros especialistas en el campo de las Finanzas Públicas, la reciente Reforma Financiera presentada al Congreso de la Unión tendría un nombre inexacto, porque la materia a reformar no involucra a todo el conjunto constituido por ingresos, egresos y deuda pública, sino a una sola de sus aristas, la Bancaria o Crediticia, que por supuesto resulta de indudable importancia para el desarrollo nacional. Por “financiero-a” se entiende todo lo concerniente a la hacienda pública y por “finanzas” la propia hacienda pública, erario o tesoro público, en cuyo campo suceden o tienen lugar los asuntos bancarios y el crédito. Pero ser inexacto no supone estar errado, aunque sí –al menos en este caso- llamar al todo por una de sus partes, porque el contenido a reformar no refiere a todas las categorías y formas de las transacciones monetarias susceptibles de atesoramiento o intercambio, originadas en la potestad tributaria del Estado, y cuya recanalización hacía la sociedad, por la vía del gasto público (bienes, servicios e inversión pública productiva), conforma la participación estatal en el direccionamiento equilibrado de los recursos provenientes de la sociedad contribuyente. Como ya se ha anunciado públicamente, en este punto estaremos a la espera de la reforma tributaria encaminada a obtener finanzas públicas sanas, como deber centrado en una recaudación fiscal de base amplia, bajo criterios de proporcionalidad y equidad, a la vez que de contabilidad gubernamental eficiente y, por supuesto, de obra pública y de servicios a la población. Digamos, por de pronto, que la reforma financiera será la suma de la reforma tributaria futura y de la reforma bancario o crediticia presentada, y examinemos los beneficios que promete ésta última. Elaborada al amparo del Pacto por México, tiene como propósito el impulsar la banca de desarrollo para “socializar” el crédito, disminuir las tasas de interés y crear programas y productos financieros para el desarrollo de áreas prioritarias; a la vez del fortalecimiento de CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), para que sus resoluciones sean obligatorias para las instituciones de crédito. En la lógica de expandir la oferta de crédito, se prevé que la Comisión Federal de Competencia haga un diagnóstico sobre las condiciones en que funciona la competitividad del sistema financiero y la creación del Buró de Entidades Financieras, para que se conozca información relevante de las instituciones financieras. Pero no se trata de una sola ley, sino de modificaciones a 34 leyes que suponen la expedición de 13 decretos, reconociendo que el sistema financiero mexicano no ha dado crédito accesible y oportuno en pro de actividades productivas que, a su vez, generen empleo e ingreso; y que, más bien, la banca ha impulsado el crédito de consumo con altas tasas de interés, creando deudas gravosas y falta de garantías para los usuarios frente a las instituciones de crédito. Estamos frente a la reforma bancaria o crediticia y a la espera de la tributaria, cuya suma dé una verdadera reforma financiera, mediante el consenso de los partidos políticos nacionales, de lo que esperaríamos ver que el crédito se abarate y socialice, capitalice a la sociedad, y transparente el nexo entre inversionistas, deudores y banqueros. ¿Ahora sí es la buena?